La Auditoría Superior de la Federación (ASF) presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el gobierno de Nuevo León, por la presunta triangulación de más de 7 mil 200 millones de pesos desde la administración local a empresas, a un despacho jurídico y a una firma relacionada con el gobernador Samuel García y su padre.
En su informe de la cuenta pública 2025, y como parte de la revisión al gasto de la entidad en ese año, la ASF incluyó el organigrama del desvío de recursos desde el presupuesto estatal, y que le habrían permitido al gobernador comprar una propiedad de mil millones de pesos.
El reporte también incluye una investigación por un esquema de triangulación de fondos en el gobierno del ex gobernador Rubén Rocha Moya, a partir de un contrato de obra que se adjudicó a una empresa constituida por sus dos hijos.
Respecto de Nuevo León, la denuncia se interpuso el 16 de octubre, según el listado que se publica en la página de la propia auditoría.
“En Nuevo León y Sinaloa identificamos esquemas de triangulación, simulación de operaciones, así como la identificación de patrones para la transferencia de recursos públicos a través del pago a proveedores cuyo destino final estaría relacionado con cuentas bancarias de personas morales y físicas que mantienen vínculos familiares con servidores públicos. Tenemos mapeado el movimiento de los recursos”, dijo el auditor Aureliano Hernández.
En el esquema de operaciones del gobierno de Samuel García, y en el documento entregado a los diputados, la ASF detalla que de la administración estatal se hicieron cuatro transferencias de fondos, de los cuales 928.13 millones fueron triangulados al despacho jurídico relacionado con Samuel García y su padre, Samuel Orlando.
Para seguir la ruta del dinero, el informe del auditor incluye un diagrama con las transferencias.
De los 7 mil 200 millones, el gobierno del estado transfirió 5 mil 851 millones a una constructora, que a su vez trasladó 5 mil 154.6 millones a otra empresa, que entregó 385.3 millones al despacho de los García.
Otros 964 millones se pagaron de la administración local a una comercializadora, de los cuales 237 se pagaron a una empresa de alimentos, que envió 202.9 millones al despacho. El resto del dinero se pagó a tres particulares.
Asimismo, 243 millones más fueron pagados por el gobierno a una empresa de servicios, que a su vez pagó 65.5 millones a una consultoría, que se quedó con 2.6 millones y entregó el resto al despacho.
Y 154.2 millones fueron transferidos a otra empresa, que cubrió pagos a otra de equipamiento por 144.4 millones, y de estos 77.03 se cubrieron al despacho jurídico.
En el esquema de operaciones del caso Sinaloa, la ASF detalló que distintos entes públicos estatales y municipales adjudicaron contratos de obra a una constructora de los hijos de Rocha Moya, que actuaban como accionista y administrador único y apoderado legal, respectivamente.
La auditoría detectó que la empresa concentró “depósitos muy superiores a su obra pública y trianguló (fondos) entre cuentas propias”, y que la constructora trasladó recursos a los hijos de Rocha Moya después de que salieron de la empresa, y de ese dinero pagaron “millones de pesos a un ex funcionario de finanzas por ‘pago de préstamo’”.
